Colombia - Estiman que entre 20 mil y 35 mil niños y adolescentes son explotados sexualmente -
Aunque se desconoce con precisión el número de niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual en Colombia, estimados de instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales sitúan la cifra entre 20 mil y 35 mil.
Si bien esos números ya son de por sí
alarmantes, la realidad es que tales fuentes cuantitativas no garantizan el
grado de ocurrencia, pues provienen básicamente de las denuncias sobre casos
específicos y de la detención de focos de explotación en el país.
De ahí que algunos especialistas consideren que el número de infantes
colombianos objeto de explotación sexual superan con creces esas estimaciones,
pues muchos casos quedan en la impunidad al no ser denunciados, en parte debido
a amenazas o la baja credibilidad en las instituciones del Estado.
Por otro lado, Colombia es el único país de la región que vive un conflicto
armado interno en la actualidad, donde en las últimas dos décadas han muerto más
de 70 mil personas.
Alrededor de cuatro millones han sido desplazados forzosamente de sus lugares de
origen, de los cuales se estima que más del 50 por ciento son menores de edad.
Esta situación de violencia en el país impacta significativamente sobre la
situación de los niños y adolescentes, al extremar las condiciones de pobreza,
al tiempo que incrementa su vulnerabilidad ante la explotación sexual.
A ello se añade que el aumento del presupuesto de defensa nacional en los
últimos años perjudicó el gasto social, principalmente en educación y salud, lo
cual se tradujo en una reducción de los recursos disponibles para atender los
programas de niñez y juventud.
Por otra parte, esta problemática lleva implícita factores que involucran otros
fenómenos sociales como el consumo de drogas, la criminalidad y la violencia
intrafamiliar, los cuales deterioran la calidad de vida de los niños y
adolescentes.
No obstante, la explotación y el abuso sexual en infantes no son realidades solo
propias de los pobres, ni de los desplazados por el conflicto interno; las
clases sociales más favorecidas resultan igualmente víctimas de estos males,
aunque no en la misma medida, según se desprende de recientes estudios de
organizaciones especializadas.
En tanto, pese a los esfuerzos de diversas instituciones, como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, para ayudar a las víctimas y crear conciencia
sobre las consecuencias de este fenómeno, la explotación sexual en menores es
una problemática en ascenso en el país, junto al desarrollo del turismo.
Focos de esa lacerante actividad han sido detectados por las autoridades en
zonas turísticas como el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), el Valle de
Cauca y el Caribe, especialmente en las ciudades de Barranquilla y Cartagena de
Indias.
Asimismo, Colombia es considerado uno de los principales países de procedencia
para la trata internacional e interna de mujeres, niños y adolescentes, cuyas
víctimas son llevadas a destinos internacionales como España, Italia y Japón,
que acorde con cifras conservadoras el 12 por ciento de estas personas son
menores.
A fin de frenar esa tendencia, el gobierno colombiano expidió a principios de
año un código de conducta contra la explotación sexual de niños y adolescentes,
el cual deberá ser suscrito por los prestadores de servicios turísticos que
operan en el país.
Al dar a conocer la norma, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis
Guillermo Plata, subrayó que el código, de 11 apartados, contiene medidas
mínimas de control a ser observadas por dichos prestadores como requisito previo
para inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Nacional de Turismo.
Indicó que constituye una herramienta del Estado para lograr la participación de
particulares en la protección de los menores de edad que puedan estar expuestos
a prácticas de explotación sexual.
Plata explicó cómo la elaboración del citado código se realizó conjuntamente con
los gremios del sector turístico, los cuales estuvieron de acuerdo en fijar
medidas que deberán aplicar sus representantes legales, directores,
administradores, empleados y contratistas vinculados a la esfera.
El documento compromete a los prestadores a no fomentar, en forma alguna, la
explotación sexual de niños y adolescentes, así como a capacitar a su personal
en la prevención de este delito.
Obliga a éstos a abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística,
expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual y de dar información a
los turistas, directamente o por interpuesta persona, acerca de lugares desde
donde se coordinen o practiquen esa repudiable actividad.
Otra de las medidas contenidas en el código está relacionada con impedir el
ingreso de menores a los hoteles o lugares de alojamiento, bares, negocios
similares y demás establecimientos en los que se presten servicios turísticos,
con fines de explotación o de abuso sexual.
Sin embargo, aunque diversas organizaciones sociales consideran este paso
positivo, al mismo tiempo estiman que aún son insuficientes para combatir ese
flagelo.
Sostienen que muchos de los planes de acción orquestados por el gobierno carecen
de recursos económicos para impulsar un verdadero programa integral, ya que
quienes ejercen la explotación infantil pertenecen a redes criminales poderosas
de alcance internacional y manejan altas sumas de dinero.
Para muchos, lo que Colombia necesita son planes concretos de desarrollo contra
la pobreza, el analfabetismo, la exclusión social, la corrupción, la inseguridad
y alternativas viables de sostenibilidad, entre otros, a fin de darle un zarpazo
de muerte a las bandas dedicadas a la explotación sexual infantil.
Fuente:
http://www.prensa-latina.cu
Realizado por Comité de Jóvenes UNI-Américas con la colaboración especial de FAECyS - Arg -